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Mauricio Macri y el escándalo de las escuchas ilegales


Mauricio Macri quedó en el ojo de la tormenta: la Justicia lo citó a indagatoria bajo la gravísima figura de sospechar que es miembro de una asociación ilícita, la misma que formaban Jorge “El Fino” Palacios y Ciro James, ya presos en Marcos Paz. La decisión fue tomada ayer a última hora por el juez Norberto Oyarbide, quien también le imputa al jefe de Gobierno haber dado el teléfono de su cuñado Néstor Leonardo para que sea interceptado y haber pedido las escuchas ilegales de su teléfono y el de Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado a la AMIA. Además de la declaración de Macri –que deberá presentarse en Comodoro Py el próximo 28 de abril–, el juez citó para el 21 al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y para el día siguiente al ex titular de Educación, Mariano Narodowski, como encubridores de la misma asociación delictiva.

 

“¿Hay que pagar un costo por meterse en política?”, se defendió Macri tras la noticia. El jefe comunal rechazó las imputaciones y, tal como lo hizo el año pasado cuando se abrió la causa, apuntó a Oyarbide: “Es difícil entender lo que hace este juez”.

 

Para el juez Oyarbide no hay dudas: Macri no sólo conocía el funcionamiento de la red de espionaje: toleró que actuara dentro del aparato del Estado porteño y, como si esto fuera poco, se valió de ella para sus propios intereses. Con estas pruebas en un puño y en el otro, el fallo de la Cámara Federal confirmando la existencia de “una máquina, debidamente aceitada y concretamente planeada, que estructuró una empresa del delito”, Oyarbide cerró el cerco sobre el jefe de la Ciudad.

 

El magistrado, que a fin de año sobreseyó al matrimonio Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito, acusa a Macri de ser miembro de una asociación ilícita, autor de falsedad ideológica de un instrumento público y coautor de dos interceptaciones ilegales, la de Burstein y la de Leonardo.

 

La Justicia sospecha con firmeza que fue Macri quien otorgó el teléfono de su cuñado para que sea pinchado mediante el mismo mecanismo que se utilizó con otras personas: el primer eslabón de la cadena era James, encargado de establecer el contacto entre la sede de operación local y los funcionarios policiales y judiciales de Misiones. Los policías misioneros –también procesados– confeccionaban los informes que involucraban a distintas personas con delitos con los que nada tenían que ver, para que los jueces dictaran las órdenes de intervención de teléfonos a la SIDE, grabaciones que luego retiraba James y que jamás llegaban a los juzgados de Misiones.

 

Néstor Leonardo sufrió unas catorce pinchaduras, entre el 23 de mayo y el 22 de junio de 2008. Como era costumbre, las escuchas fueron retiradas por James quien, según determinaron las antenas del celular del espía, las habría llevado directamente a la casa del jefe de Gobierno en Barrio Parque. Al testificar, Leonardo atribuyó el espionaje a su suegro, Franco Macri, pero aseguró que lo habría concretado con la ayuda de Mauricio.

 

Otra coincidencia que embarra la situación de Macri es que, algunos días después de que James retirara la última grabación a Leonardo, el Ministerio de Educación porteño lo nombró asesor, un cargo que, según quedó demostrado en la causa, nunca ejerció. Los investigadores suponen que la designación podría ser “un premio” de Macri por los servicios realizados, los primeros de una larga serie que incluyó a muchos otros, como el empresario deportivo Carlos Ávila.

 

Durante más de un año, James embolsó seis mil pesos por no hacer nada. En realidad, la hipótesis del juzgado es que ésa fue la pantalla para sus actividades de espionaje. Después, El Fino Palacios lo sumó a la Policía Metropolitana donde, según las imágenes de las cámaras de seguridad, se movía como pez en el agua. Los cruces telefónicos además dejaron en evidencia que el ex jefe de la Metropolitana, también procesado por encubrir la investigación por el atentado a la AMIA, y James tenían una gran relación. Entre diciembre de 2008 y septiembre de 2009 registraron un total de 191 llamadas entre sí, algunas de ellas mientras El Fino aún estaba al frente de la fuerza.

 

El miércoles pasado, la Cámara Federal reconoció como autores de la asociación ilícita a ocho personas. Macri podría ser el noveno.

 

En la Legislatura quieren pedir interpelaciones. Mientras la Justicia definía las citaciones a Mauricio Macri y a Guillermo Montenegro, en la causa por las escuchas ilegales, legisladores de la oposición presentaron un pedido de interpelación para que el ministro de Seguridad responda ante el cuerpo.

 

“El ministro debe dar una explicación de por qué mantuvo a Jorge ‘El Fino’ Palacios en su cargo y eso debe ser en el recinto y por medio de una interpelación”, afirmó la legisladora Gabriela Cerruti, quien presentó el pedido firmado por la mayoría de los diputados opositores al PRO. El dictamen debe aprobarse primero en la Comisión de Seguridad para luego ser votado en el pleno. Montenegro deberá someterse a la interpelación si la mitad más uno de los presentes levanta la mano.

 

La semana pasada la oposición intentó votar la interpelación del jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, sobre tablas, pero no logró reunir los dos tercios de adhesión necesarios. Ante el fracaso, el pedido ingresó por comisión tal como ayer lo hizo el de Montenegro. Con la decisión del juez Oyarbide, los legisladores analizan citar también al propio Macri.

 

 

Fuente:Critica Digital

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